WASHINGTON.-
Donald Trump revocó el lunes con su firma una ley que prohibía que el Gobierno
Federal cerrara contratos con empresas que tienen historial de violaciones de
derechos laborales.
La legislación que
se vino abajo es la conocida como la de “Pago justo y lugares de trabajos
seguro” y fue puesta en marcha en julio
de 2014 por el presidente Barack Obama.
Esta regulación ya
estaba en los tribunales como otras tantas órdenes ejecutivas pero entre
febrero y marzo las cámaras del Congreso, con mayoría republicana, aprobaron
acabar con ella legislativamente. El lunes. la revocación, fue sancionada por
el presidente.
El objeto de esta
ley de Obama ahora anulada, era eliminar de la competencia por trabajos pagados
por los contribuyentes a empresas que habían robado los salarios a sus trabajadores
o no cumplimentaban las leyes de seguridad y salud en el trabajo.
Hasta el lunes se
pedía que en caso de que hubiera violaciones a derechos laborales estas se
consideraran a la hora de conceder un contrato.
Además se obligaba
a los contratistas con el Gobierno a dar a los trabajadores información sobre
salarios, horas trabajadas, horas extras o la calificación de su trabajo (como
contratista o empleado) y a prohibir acuerdos arbitrales por disputas en
cuestiones de discriminación, acoso o asalto sexual.
El anterior
Gobierno opinaba que estas empresas no participaban en el concurso de méritos o
subasta en igualdad de condiciones que las compañías que cumplían con sus
obligaciones laborales.
El portavoz de la
Casa Blanca, Sean Spicer, explicaba que esta regulación de la Administración
Obama “facilitaba a los abogados ir contra empresas americanas y trabajadores
americanos que tienen contratos con el Gobierno”.
El fiscal general
de Nueva York, Eric Schneiderman, criticó en una nota de prensa que el
presidente Trump diga que está “luchando por los trabajadores y luego firma una
ley que permite a las empresas que repetidamente roban a sus empleados obtener
contratos federales. Una vez más, las acciones de Trump son mucho más fuertes
que sus palabras”.
Schneiderman
aseguró que no dudará en progeter a los trabajadores y recordó que en los
últimos cinco años su oficina ha usado la ley estatal para recuperar más de $27
millones en salarios robados a más de 20,000 trabajadores y ha puesto a
aquellos que roban el dinero de sus trabajadores “tras las rejas”.
El fiscal se compromete a mantener esta labor “sin
importar lo que haga el presidente Trump”.