La integran Monseñor Agripino
Núñez Collado, presidente del Concejo Económico
y Social (CES); el pastor evangélico Jorge Alberto Runos Cabrera; el
presidente de Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache; el
empresario privado José Luis -Pepín- Corripio; el secretario general de la
Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé.
También el vicepresidente de
la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán; el
presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado; el ex
presidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), Celso Marranzini; César Sánchez, ex administración de la
CDEEE y Jaime Aristy Escuder, experto económico.
La decisión está contenida en
el decreto 6-17 del Poder Ejecutivo, el cual especifica que este grupo deberá
rendir un informe al país sobre los resultados encontrados.
Tendrá la potestad de
solicitar e investigar toda la documentación disponible así como para entrevistar a todos los
funcionarios que participaron en los procesos, para lo cual podrá auxiliarse
“de todos los técnicos y especialistas” que requiera.
La normativa aclara que el
caso no condiciona ni limita la investigación independiente que lleva a cabo el
Ministerio Público y que abarca todas las operaciones llevabas a cabo por la
empresa Odebrecht Dominicana en el país.
Esta comisión ha sido
integrada en momentos en que en el país se inicia una investigación sobre las
actuaciones de la multinacional brasileña Oderbrecht, la cual es acusada en
distintos países de pagar sobornos para obtener la concesión de obras
multimillonarias.
La representación local de
esta firma tiene a su cargo la instalación de la termoeléctrica Punta Catalina,
en la cual serían invertidos US$1,945 millones