Sindicalistas guardan silencio por temor a que le quiten cuota de las AFP
Cientos de cancelados, buscan ser atendidos
en el MINERD
Por Cesar Gutiérrez, El 4to. Poder
Santo Domingo.- El gobierno perremeista ha lanzado a
las calles a miles de empleados de la administración pública, entre ellos enfermos
terminales, embarazadas y empleados de la carrera administrativa, constituyendo
la más grande violación de derechos humanos cometida en el país.
De acuerdo a reportes llegados a nuestra redacción, la
mayor cantidad de cancelados se produce en el Ministerio de Educación (MINERD).
donde se ha roto con todos los records en materia laboral, cancelando a personas
con licencias médicas permanentes, hábiles para pensión, madres en licencias médicas
pre y pos natal, embarazadas, empleados que cobran por la ARL (seguridad
Social), por haber tenido accidentes laborales en las escuelas y empleados de
la Carrera Administrativa, entre otros.
Otras instituciones en las que se ha cancelado a miles
de dominicanos y dominicanas son: el IDSS, Salud Publica, el Centro de Atención Integral a la
Discapacidad (CAID), Despacho de la
Primera Dama, Vicepresidencia de la Republica, Ministerio de Trabajo, Dirección
de Aduanas y los Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Turismo, entre
otros.
Las cancelaciones se producen no obstante la
Resolución No. 060-2020, emitida por El Ministerio de Administración Pública
(MAP) que prohíbe, con efecto retroactivo, “mientras dure el estado de
emergencia, abrir procesos disciplinarios y destituir servidores públicos
pertenecientes a las categorías de Carrera Administrativa, de Estatuto
Simplificado y Temporales”.
Silencio Sindical Forzoso
Mientras esto ocurre, los sindicatos, en su mayoría beneficiarios
de los fondos de las pensiones, a través de las aseguradoras de estos (ARS), al
parecer forzados por la amenaza de disponer de ellos a los fines de devolución a
sus dueños, guardan silencio y se escabullen, mientras miles de familias van a
la calle en violación a su derecho laboral y a una retribución justa de su
salario.
La barrida genocida contra los trabajadores ocurre sin
tomar en cuenta las recomendaciones del presidente Luis Abinader, quien, tanto
en campaña, como después de estar en la presidencia, anunció que no habría cancelaciones
masivas y que se respetarían los procesos en cada caso.
Mientras, desde el seno de los cancelados se preparan
instancias judiciales que podrían culminar con sanciones penales y civiles,
tanto contra los incumbentes de la administración pública que las hayan
cometido, como contra el presidente de la republica que las permite.
Violaciones en que Incurren los Funcionarios
Quienes han auspiciado las cancelaciones en las dependencias
gubernamentales, violan el artículo 23, párrafo único de la ley 41-08 de Función
Pública (Carrera Administrativa), el artículo 61 sobre embarazos y el artículo
62 de la Constitución dominicana que consagra el derecho al trabajo, entre
otras disposiciones.
