Consultor jurídico
de alcaldía de Esperanza, llama estúpidos a quienes alegaron retroactividad en
las leyes
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| Pedro Polanco Consultor Jurídico de la alcaldía de Esperanza |
Redacción de
municipio, gente y opinión
Esperanza,
Valverde RD.- El Consultor Jurídico de la alcaldía de Esperanza, confirmo la información
que había publicado este medio como especulaciones, de que la Súper Intendencia de Bancos, había prohibido
a los entidades bancarias dominicanas, otorgar los préstamos solicitados por
estos, para el pago de las indemnizaciones a los empleados cancelados en los
ayuntamientos del País.
En un documento
titulado ““Los hay que envenenan al pueblo y luego dicen: ….. el pueblo está
envenenado”. Pedro Polanco plasma la verdadera intención de el órgano ejecutivo
municipal de no cumplir con el artículo 60 de la ley 41-08, así como con los cálculos
del ministerio de administración pública MAP. Y una sentencia el tribunal
contencioso y administrativo de Valverde, que dispone un mes de salarios por
cada año
laborado, hasta los 18 años.
la sentencia hace algunos señalamientos.
Polanco llama estúpidos
a todo el que ha opinado a favor de la interpretación retroactividad de la ley
y el reglamento 532-09 de la ley diciendo lo siguiente, citamos: Hay quienes
estúpidamente alegan que el Reglamento 532-09 de aplicación de la Ley 41-08 en
su artículo 96 establece la retroactividad en su aplicación. ¡Qué vergüenza!.
Esa afirmación es un desconocimiento bochornoso del artículo 110 de la
Constitución, termina la cita.
Espere este fin de semana un amplio reportaje sobre este tema
A
continuación el documento de la alcaldía de Esperanza
Esperanza, 11 de
mayo del 2017
A LA OPINION
PÚBLICA DE ESPERANZA
“Los hay que
envenenan al pueblo y luego dicen: ….. el pueblo está envenenado”.
La Ley 41-08 o Ley
de Función Pública fue promulgada el 16 de enero del 2008, la cual por primera
vez prevé indemnización por antigüedad en el servicio a los empleados del
sector estatal, incluyendo los ayuntamientos. Antes en los ayuntamientos
existía el Plan de Retiro que se nutría de un aporte del 7% de la nómina hecho
por cada ayuntamiento y un 5% del salario de cada empleado para cubrir la
pensión a los empleados que llegaran a la edad de retiro. Si el empleado era
cancelado de su trabajo antes, entonces le eran devueltos sus aportes y los del
Ayuntamiento como compensación por sus servicios prestados. Esto fue así hasta
la llegada de la Ley de la Seguridad Social y la 41-08 de Función Pública.
Muchos empleados del Ayuntamiento de Esperanza, algunos de los cuales todavía
permanecen en sus cargos, recibieron
estos emolumentos.
El artículo 110 de
la Constitución Dominicana establece: “La ley sólo dispone y se aplica para lo
porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté
subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso, los poderes públicos o la ley
podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones
establecidas conforme a una legislación anterior”.
La Ley 41-08 sólo
puede aplicarse a partir de su promulgación. El suscrito trabajó en el
Ayuntamiento de Esperanza en la administración de Tomás Lendof (Negrin), en la
de Arturo Goris, en la de Luis Cabrera, en la de Nao Mena y en la de Jacqueline
Peña; si Jacqueline prescinde de mis servicios:……… tiene que indemnizarme por
los años laborados antes del 2008 ?.- Si así fuere, como opinan algunos
leguleyos, a Graciela Duràn, a Selsa
Rodríguez y a Pedro Polanco, por ser empleados de más antigüedad en el servicio
y de mayores salarios, les correspondería casi la mitad del Ayuntamiento.
Hay quienes
estúpidamente alegan que el Reglamento 532-09 de aplicación de la Ley 41-08 en
su artículo 96 establece la retroactividad en su aplicación. ¡Qué vergüenza!.
Esa afirmación es un desconocimiento bochornoso del artículo 110 de la
Constitución.
¿Quién tenía y
quien tiene la obligación de hacer la reserva a cargo del Presupuesto en cada
año (como dice la Ley 41-08) para la indemnización de los empleados cuando
cesen en sus funciones por despido?.- Antes del 2008 nadie. Pero ahora en 2017
en el Ayuntamiento de Esperanza la tiene la Alcaldesa Jacqueline Peña y lo está
haciendo. En efecto, cuando ella recibió las riendas del Ayuntamiento el 16 de
agosto del 2016 no encontró Presupuestado ni un centavo destinado a ese
concepto.
En su presupuesto
del 2016-2017 la Alcaldesa de Esperanza incluyó para fines de indemnización de
empleados municipales la cantidad de RD$222,646.00 pesos dominicanos mensuales.
Al día de hoy las arcas municipales cuentan con una reserva de RD$890,584.00
para esos fines. Se estima que en el mes de diciembre habrán disponibles
RD$2,671,752.00. Pero esa cantidad no es suficiente para indemnizar al mismo
tiempo a todos los cancelados.
Se optó por la
posibilidad de un préstamo ascendente a ocho millones de pesos. El gobierno, a través de la Superintendencia de
Bancos, ha cerrado esta posibilidad.
Se han buscado fórmulas
de acuerdos con los representantes de los trabajadores cancelados. ¿Qué ha
dificultado los acuerdos?. La creación de falsas expectativas hechas por
algunos de ellos. Proclamaron que obligatoriamente había que pagarles hasta
diez salarios a los que habían laborado esa cantidad de años “porque la ley es
retroactiva”; que había que pagarles dos vacaciones; que había que pagarles
RD$25,000.00 adicionales a cada uno por retardo en el pago, todo sin perjuicio
de las costas y honorarios. Esto era cacareado en las llamadas” asambleas” y en
los “Piquetes” patrocinados por un abogado que dice representar a 91
trabajadores. Ese abogado de marras anunció un acuerdo preliminar inexistente y
no concordado entre sus representados y la alcaldía por más de cuatro millones
de pesos. Lo que él no dijo fue que si eso hubiese sido cierto, él recibiría
de esos cuatro millones, un millón doscientos mil pesos, que es el 30%
del contrato de cuota litis que le hizo firmar a los trabajadores por èl
representados. También recibiría un 30% adicional de lo que cada trabajador
recibió en el pasado diciembre por concepto de Regalía Pascual.
Que resulta: que
el Tribunal apoderado por los abogados de los ex empleados ha fallado
rechazando la demanda de 67 de ellos y está pendiente el rechazo de la de
muchos más. ¿Quién le va a pagar a esos empleados cancelados que le rechazaron
la demanda?. Ana Jacqueline Peña ha prometido que le va a pagar a todos los
cancelados, tengan abogados o no, hayan ganado o hayan perdido. Se les pagará a
todos. No como maledicentemente dice uno de los abogados de los demandantes:
que la alcaldesa quiere satisfacer sus ansias de engaño y depredación de un
dinero que no le pertenece.
Los préstamos para
indemnizar los empleados cancelados en todos los ayuntamientos han sido
impedidos de materializarse por el gobierno a través de la Superintendencia de
Bancos. La alcaldía de Esperanza sigue consensuando buscando alternativas para
satisfacer esa necesidad tan urgente para los trabajadores. Algunos tendrán que
aportar su cuota de sacrificio pero todos, absolutamente todos, recibirán sus
indemnizaciones.
Pedro Polanco
Consultor Jurídico
Ayuntamiento de Esperanza
