Juristas PRD alertan por “fallos ilegales”
Por ELVIRA GUILLEN
SANTO DOMINGO.- Un grupo de abogados del PRD alertó este domingo de “los peligros que para la democracia, el estado de derecho, la separación de poderes, la seguridad jurídica y la institucionalidad, el que jueces emitan sentencias de manera ilegal”.
En una declaración pública, Salim Ibarra, Eduardo Jorge Prats; José Miguel Vásquez y Santiago Rodríguez, citaron el caso de Geanilda Vásquez a la que una jueza reintegró a la Secretaría de Organización del PRD, pese a que está suspendida
Advirtieron que algunos magistrados están usurpando las atribuciones constitucionales y legales del Tribunal Superior Electoral (TSE), lo que traerá “un impacto negativo en los procesos convencionales de los diferentes partidos y el torneo electoral de 2016”.
Manifestaron que miles de precandidaturas, candidaturas y puestos electivos a nivel presidencial, congresual, municipal e interno de los partidos podrían ser cuestionados en sedes jurisdiccionales "incompetentes" para sustraerse a la ley y las potestades jurisdiccionales del TSE en materia electoral.
Dijeron que por el “fallo ilegal” de la jueza suplente de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, Tania Yunes, Vásquez insiste en apersonarse a la casa nacional del partido para posesionarse de manera forzosa y arbitraria como secretaria nacional de Organización.
Ibarra, Vásquez, Jorge Prats y Rodríguez informaron que son los abogados constituidos del PRD en los procesos disciplinarios adoptados contra varios dirigentes, incluyendo la suspension por dos años de Vásquez. Los dos primeros son director Legal y delegado ante la Junta Central Electoral.
Anunciaron que el PRD ha incoado contra dicha decisión un recurso de revisión y una demanda en suspensión ante el Tribunal Constitucional, fundamentado en la “incompetencia de la jurisdicción que ha dictado la sentencia, lo que la convierte en una clara y groseramente arbitraria vía de hecho contra el PRD”.
Aclararon que “la Junta Central Electoral (JCE) no ha validado, no puede ni debe validar dicha sentencia, pues la misma ha sido cuestionada ante la máxima y suprema autoridad jurisdiccional en materia constitucional que lo es el Tribunal Constitucional”.