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| Jean Rodríguez |
El
procurador general, Jean Rodríguez, solicitó al presidente de la Suprema Corte
de Justicia (SCJ), Mariano Germán, la designación de un juez para conducir la
instrucción especial de un caso bajo investigación preliminar que involucraría
a un funcionario diplomático y a una hijastra suya menor de edad.
La
Procuraduría General de la República informó que el funcionario diplomático
está siendo investigado por presuntamente incurrir en un delito de incesto, que
es sancionado por el artículo 331 del Código Penal Dominicano, modificado por
la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
El organismo
explicó que tanto el nombre del adulto como el de la menor no son divulgados,
debido a que el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (Ley No. 136-03) lo impide, sobre todo, para salvaguardar de este
modo la imagen e integridad de la menor de edad que estaría siendo afectada.
Además,
expresó que este caso se encuentra en fase de investigación preliminar para
comprobar su veracidad, por lo que el Ministerio Público y las partes
involucradas deben cumplir a cabalidad con la reserva de rigor que para tales
fines ordena el Código Procesal Penal.
La
institución destacó, asimismo, que este caso tenía varios meses y escasos
avances, encontrándose además en una jurisdicción que no le correspondía y que
esto lo hubiese conducido a un eventual fracaso. Resaltó que tan pronto el
procurador general de la República tomó conocimiento del mismo dispuso
profundizar más las investigaciones, ampliando las pesquisas y otras
diligencias investigativas, que permitan verificar en forma irrefutable lo que
habría ocurrido.
La
institución señaló que “gracias a la intervención oportuna del magistrado
Rodríguez para asegurar el interés supremo de la menor, este caso se estará
llevando en la jurisdicción que corresponde, lo que evitará que el mismo se
caiga, si fuesen comprobados los hechos”.
En ese
sentido, dijo que una vez sea designado el juez procederán a presentar las
evidencias recolectadas hasta el momento para que el tribunal adopte la decisión
que corresponda. Resaltó el interés del procurador general para esclarecer el
caso y procurar justicia, garantizando los derechos de la menor, como establece
dicha Ley 136-03.
