SENTENCIA
Tribunal Supremo
venezolano asume poderes del Congreso
PROTESTA. UN
“CACEROLAZO” POR EL HECHO SE EXTENDIÓ ANOCHE EN LA CAPITAL
Caracas.- Tribunal Supremo
venezolano asume poderes del Congreso
Protestas.
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| Soldados de la Guardia Nacional, a la izquierda, impiden el paso de un grupo de diputados que protestan en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, ayer en Caracas. |
La sorpresiva
sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el
conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el
país sudamericano.
En el fallo —que
fue difundido la noche del miércoles— el Tribunal resolvió que "mientras
persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la
Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias
parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que
ella disponga".
En enero de 2016,
y tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por
primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha emitido casi
medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el
Legislativo y lo ha declarado en desacato.
El presidente de
la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que "en Venezuela Nicolás
Maduro dio un golpe de Estado". A su vez, el diputado opositor Freddy
Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que "ya no
se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de
usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que
le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra
Venezuela".
El fallo se dio a
conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en
Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.
"Aquello que
hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció en un
comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como
un "auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la
Asamblea Nacional".
Almagro también
recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana,
que "debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro
golpe de Estado en el hemisferio".
No hubo consenso
sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela, pero la sesión
terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar
medidas para asegurar que el gobierno entable un diálogo.
El departamento de
Estado estadounidense condenó la decisión del Tribunal Supremo de asumir las
responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones
democráticas.
A través de un
comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida
"usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos
democráticamente" y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el
futuro de su país a través de los representantes electos.
Horas antes, el
gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo
venezolano por considerar que "constituye una ruptura del orden
constitucional y democrático " y en consecuencia decidió "retirar de
manera definitiva a su embajador".
En la que fue la
primera reacción del gobierno venezolano, la canciller Delcy Rodríguez, sin
mencionar la sentencia, rechazó categóricamente el "comunicado
injerencista del gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna
venezolana".
Panamá y México
también expresaron "su profunda preocupación" por las recientes
decisiones del máximo tribunal. El gobierno mexicano además reiteró lo
manifestado en una declaración divulgada la semana pasada por un grupo de 14
países, incluyendo los Estados Unidos, en la que pidieron elecciones
inmediatas, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la
Asamblea Nacional para resolver "el estancamiento" de la crítica
situación en Venezuela.
La canciller
colombiana, Maria Angela Holguin, resaltó la importancia del "respeto por
la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia",
mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski escribió "América
Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela" en su
cuenta de Twitter.
Eric Olson,
director asociado del programa latinoamericano del Wilson Center, evitó
catalogar el acto judicial como un golpe de Estado, pero afirmó que deja en
evidencia la ausencia de separación de poderes en el país. "No quiero usar
ese término porque tiene muchas connotaciones pero es bien claro que la
democracia en Venezuela está totalmente desacreditada y ya no hay instituciones
independientes", dijo Olson.
"No sé si
esta es la gota que derrama el vaso, pero sí es otro argumento a favor de que
ya no hay espacios y que la comunidad internacional tome algunos pasos",
agregó.
Asimismo, Freedom
House —organismo que promociona la democracia, la libertad política y los
derechos humanos— manifestó a través de un comunicado que la decisión de
"usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional desmantela el
estado de derecho en Venezuela" y que el dictamen "elimina la fachada
de separación de poderes y cementa la dictadura de Maduro".
El Tribunal
declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había
bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas
por la supuesta compra de votos. Aunque posteriormente el Legislativo revirtió
dicha juramentación, el máximo Tribunal mantuvo la medida invocando una serie
de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores
electos.
A comienzos de
esta semana, el Tribunal también abrió el camino para poner límites a la
inmunidad de los legisladores tras declarar nulo el respaldo de la Asamblea
Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta
Democrática Interamericana. En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a
Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un "Estado de
conmoción" y "revisar las diversas leyes" ante el desacato del
Congreso.
La sentencia del
miércoles, que permite la creación de empresas mixtas sin el visto bueno de la
Asamblea, se produjo en momentos en que la Asamblea Nacional investiga una
serie de acuerdos que estaría tramitando el gobierno al margen del Legislativo,
que por ley debe avalarlos, y que incluyen la creación de cualquier empresa
conjunta entre la petrolera estatal venezolana y empresas privadas
internacionales.
El gobierno de
Maduro, que enfrenta una escasez de productos básicos y una inflación de tres
dígitos, argumenta que los legisladores le impiden aprobar créditos y otras
decisiones económicas claves.
