En la OEA Leonel da cátedra de nacionalismo y una mano al gobierno
El ex presidente Fernández le dio una mano al gobierno del presidente Medina, como quizás ningún otro funcionario pudo hacerlo, al decir en el seno de la OEA que para la República Dominicana no es posible acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Fernández, al explicar ante el secretario general, los embajadores y otros invitados que la nacionalidad automática sería posible en los Estados Unidos y otros países, pero no en la RD, reforzó el tema de la no aceptación de la sentencia CIDH impuesta al estado dominicano.
La posición del doctor Fernández fue fijada durante una conferencia en la sede de la OEA, en Washington, D. C., invitado por la Cátedra de las Américas, en un momento de creciente confusión respecto a la exigencia de la CIDH, apoyada por algunos sectores y rechazada por otros.
Si la RD acatara la sentencia de la CIDH tendría que otorgar la nacionalidad incondicional a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente, algo que aceptan otros países como Estados Unidos y Canadá pero que rechazan la mayoría de las naciones del continente, dijo Fernández.
Apoyados en ese rechazo muchos países de la región han puesto trabas a la creciente inmigración de ciudadanos haitianos. El último caso fue el de Trinidad y Tobago al avisar que expulsará a 110 mil inmigrantes ilegales que residen ese país, mayormente haitianos.
Fernández dijo a los embajadores que en la RD no existe el derecho de suelo automático, por lo que no se adquiere la nacionalidad por el simple hecho de nacer en el territorio. “El estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la CIDH”, advirtió el líder político.
Los juicios del ex presidente ocurren en momentos en que la Cancillería dominicana se propone consultar con un grupo de abogados a los fines de que estudien la sentencia de la CIDH y las que han emanado del Tribunal Constitucional dominicano para fijar una postura definitiva.
Sectores que antagonizan la decisión de la CIDH han pedido al régimen del presidente Medina salir de la misma, cosa a la que se ha resistido quizás en la creencia de que rechazar el mandato de la Corte y mantenerse en el seno de la OEA no son posiciones incompatibles.
Viola derecho RD
De acuerdo al doctor Fernández la sentencia de la CIDH le quita a la RD el derecho de determinar quiénes son sus nacionales, por lo que “es imposible que el país cumpla lo que pretende imponer la CIDH, de que se le otorgue la nacionalidad incondicionalmente a los hijos de extranjeros que residan ilegalmente en territorio dominicano”.
El fallo de la CIDH fue absoluto. Dispone que el estado dominicano adopte las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, decisión o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad a personas nacidas en territorio dominicano.
Al decir del ex presidente Fernández, lo que ordena la CIDH “sería posible aquí en este país (Estados Unidos), donde todo el que nace en este territorio es automáticamente y de pleno derecho norteamericano, lo mismo que ocurriría en Canadá o en varios países de América Latina y el Caribe que admiten el sistema de jus solis incondicional.
Fernández habló ante la OEA sobre el polémico tópico el mismo día (jueves 13) en que el embajador de los Estados Unidos en Santo Domingo, James Brewster apoyó los pasos que ha dado la administración del presidente Medina con las leyes de naturalización y regularización de extranjeros, “aunque todavía falta mucho por hacer en materia migratoria”.
El mismo jueves el canciller Andrés Navarro citó a los embajadores de los países miembros del ALBA y UNASUR acreditados en la capital dominicana, para ponerlos al corriente de la posición dominicana de rechazo al fallo de la Corte y de que se consultará a un grupo de juristas antes de fijar una posición final sobre el tema.
Dolores de cabeza
Para el régimen del presidente Medina los dolores de cabeza que comenzaron con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional el año pasado no han cesado hasta ahora mientras los sabios debaten el tema con una parte favorable a la misma y otra que la denuncia por la apatridia.
En esencia la referida sentencia buscaría controlar lo que muchos dominicanos consideran una invasión masiva de ciudadanos haitianos, recrudecida en los últimos años luego de los diversos percances sufridos por ese país y la campaña internacional a favor de esos inmigrantes.
A fin de solucionar el problema, el régimen del presidente Medina sometió al Congreso la ley 169-14 que facilita el plan de Regularización de extranjeros que viven irregularmente en la RD, mayoritariamente haitianos, lo que fue acogido en ese país pero que al mismo tiempo ha sido tomado como una especie de incentivo para una nueva oleada de inmigrantes.
Haití no solamente no ha dispuesto de los recursos para la documentación de sus ciudadanos sino que saludó el fallo de la CIDH y pidió oficiosamente al régimen dominicano acogerla, poniendo a la parte dominicana en una situación delicada.
Según el canciller Navarro, la RD no abandonará la CIDH, cosa que solamente podría hacerse mediante la denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La sentencia del TC hace eso prácticamente: desvincula a la parte dominicana de la CIDH, aunque ello pone en aprietos al Poder Ejecutivo, que tiene el dominio de la política exterior.
En Haití ha corrido el rumor últimamente de que todos los que crucen la frontera hacia la RD serán reconocidos y tendrán su carta de regularización. Del lado dominicano, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, dijo la semana pasada que la decisión de la Corte fue tan lejos que prácticamente disuelve el Registro Civil. La ministra de Salud, doctora Altagracia Guzmán Marcelino advirtió sobre el tráfico ilegal de parturientas haitianas que saturan los hospitales dominicanos.
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