Diputados rechazan impuestos al 911
Delegan iniciativa a comisión
La Cámara de Diputados retornó a comisión el proyecto que crea el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad (9-11), el cual ha sido objeto de controversia, porque establece un impuesto de RD$20.00 a cada factura telefónica.
El vocero de la bancada del PLD, Gustavo Sánchez, propuso al hemiciclo que el proyecto volviera a la comisión de Interior y Policía, atendiendo que el autor de la pieza, Elías Serulle, replanteara otra alternativa que no sea el de nuevo gravamen.
Especifica que se aplicará un gravamen de $20 por facturación mensual a los usuarios de telefonía fija, residencial, Comercial o móvil post pago a favor del Consejo del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad.
Además se establece que el financiamiento para 911, contará con las transferencias que realicen el Gobierno Central, las donaciones y cualquier otro ingreso que provenga de leyes especiales o de aportes específicos.
También, el Ministerio Administrativo de la Presidencia deberá incluir en su presupuesto las partidas necesarias para costear los gastos iniciales requeridos para el funcionamiento y la adquisición de los equipos, insumos y recursos humanos del 911.
Especifica la Comisión de Interior y Policía que para elaborar el informe se consultaron las compañías telefónicas del país, el Indotel, los organismos de socorro como COE, Defensa Civil, Cruz Roja, a la AMET, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y se realizaron visitas a Colombia y Argentina.
Serulle dijo que los $20.00 es la mejor alternativa que los legisladores encontraron para sustentar el 911, argumentando que el nuevo sistema se pondrá a funcionar a final de año, aunque el impuesto entraría en vigencia de inmediato se apruebe la iniciativa.
El informe establece la importancia del 911, ya que el país contará con un instrumento que permitirá establecer el Sistema Nacional de Emergencia (911), que funcionará como un mecanismo de prevención, atención y socorro a la ciudadanía en situaciones de emergencia.
Aduce que esa herramienta de regulación viene a contribuir con la lucha contra la inseguridad, la violencia, la delincuencia y la criminalidad, que es el deseo de los Poderes del Estado.
El vocero de la bancada del PLD, Gustavo Sánchez, propuso al hemiciclo que el proyecto volviera a la comisión de Interior y Policía, atendiendo que el autor de la pieza, Elías Serulle, replanteara otra alternativa que no sea el de nuevo gravamen.
Especifica que se aplicará un gravamen de $20 por facturación mensual a los usuarios de telefonía fija, residencial, Comercial o móvil post pago a favor del Consejo del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad.
Además se establece que el financiamiento para 911, contará con las transferencias que realicen el Gobierno Central, las donaciones y cualquier otro ingreso que provenga de leyes especiales o de aportes específicos.
También, el Ministerio Administrativo de la Presidencia deberá incluir en su presupuesto las partidas necesarias para costear los gastos iniciales requeridos para el funcionamiento y la adquisición de los equipos, insumos y recursos humanos del 911.
Especifica la Comisión de Interior y Policía que para elaborar el informe se consultaron las compañías telefónicas del país, el Indotel, los organismos de socorro como COE, Defensa Civil, Cruz Roja, a la AMET, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y se realizaron visitas a Colombia y Argentina.
Serulle dijo que los $20.00 es la mejor alternativa que los legisladores encontraron para sustentar el 911, argumentando que el nuevo sistema se pondrá a funcionar a final de año, aunque el impuesto entraría en vigencia de inmediato se apruebe la iniciativa.
El informe establece la importancia del 911, ya que el país contará con un instrumento que permitirá establecer el Sistema Nacional de Emergencia (911), que funcionará como un mecanismo de prevención, atención y socorro a la ciudadanía en situaciones de emergencia.
Aduce que esa herramienta de regulación viene a contribuir con la lucha contra la inseguridad, la violencia, la delincuencia y la criminalidad, que es el deseo de los Poderes del Estado.
