El Tribunal Superior Administrativo rechazó este martes el recurso de amparo interpuesto por una serie de organizaciones cívicas que reclaman al Gobierno el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.Los magistrados, cuyo presidente es la doctora Sara Henríquez, y miembros Judith Contreras y Federico Fernández, en su sentencia reconocen la validez del recurso en cuanto a la forma, pero el fondo por considerarlo carente de base legal e improcedente.
Para emitir su sentencia los magistrados se fundamentaron en que la Ley de Educación no tiene rango constitucional y el Congreso de la República tiene postetad para botar por el presupuesto nacional para gastos públicos del 2011.
Además,un representante de la Coalición por una Educación Digna, Luís Miguel Rivas, dijo que van a recurrir la decisión y, aunque no fue acogido su recurso de amparo, lo calificó como un triunfo porque muestra que tienen potestad para dar a conocer ese tipo de acciones y de esa forma buscan establecer un freno a los legisladores.
De icual forma, la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, dijo lamentable la sentencia como una decisión infeliz, al tiempo de advertir que la lucha por la obtención de mayores recursos para la educación continuará.
La dirigente magisterial calificó como barbaridad que se haga referencia con que lo establecido en la Ley de Educación no esté en la Constitución por éste haber sido establecido antes.La Primera Sala del Tribunal estuvo abarrotada de abogados y representantes de diversas entidades que luchan por el 4% para la educación.
En la audiencia anterior, efectuada el pasado lunes, los magistrados rechazaron prorrogar el conocimiento del recurso como habían propuesto los abogados del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
En cambio, otorgaron un plazo de 12 horas a ambos hemiciclos para que depositaran sus conclusiones sobre el recurso de amparo interpuesto por la contraparte.El tribunal falló cuatro incidentes planteados por los abogados de la parte recurrida, entre ellos el que solicita declar inconstitucional el artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97, que manda inversión en educación.
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