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Servicios Procuraduría pueden ser pagados en oficinas Banco de Reservas

(+) Click para ampliar Grabar artículo Imprimir artículo Escribir comentario Enviar a un amigo Tamaño del Texto - Pequeño - Normal - Grande - Muy Grande - Extra Grande Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República informó este lunes que en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo el pago de impuestos de los servicios de Certificación sobre Antecedentes Penales (papel de buena conducta), Certificación de Firmas (legalización de firmas) y actualización de Información Penal (retiro de fichas), pueden ser realizadas en cualquier sucursal del Banco de Reservas. Explicó que los usuarios de los servicios de las citadas localidades pueden acudir a las oficinas del banco más cercanas a sus residencias, “ya que con ello, además de ahorrar tiempo, evitan tener que hacer largas filas”. También, previenen el congestionamiento de las entidades bancarias. El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, dentro del Modelo de Gestión de Servicio, que tiene como eje fundamental, la descentralización, ha inaugurado centros de atención al ciudadano en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Estas oficinas funcionan bajo la dirección de la Secretaría General, a cargo de la licenciada Gladys Sánchez. En esos centros se ofrece un servicio social tendente a satisfacer el requerimiento de los ciudadanos, tal y como lo contempla el modelo de provisión de servicios de la institución. Su horario de trabajo es de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde. En el Distrito Nacional, el Centro de Atención al Ciudadano está ubicado en la avenida Máximo Gómez, número 41, en el sector de Gazcue. Aquí se ofrecen además los servicios de incorporación de Asociaciones sin Fines de Lucro y Solicitud de Exequátur de Abogado. Mientras que en la provincia Santo Domingo sus oficinas funcionan en la calle Simón Orozco esquina calle B, próximo a la entrada del sector Invivienda. En esta entidad además de los referidos servicios, se ofrecen los de solicitud de fuerza pública, así como de ratificación de actas de nacimiento y de defunción.