domingo, 26 de octubre de 2014

Hospital José María Cabral y Báez, de Santiago, pagó 56 millones a contratistas sin contratos ni cubicaciones


Por Carolina Batista
El informe atribuye responsabilidades legales y administrativas contra Nelson Báez Noyer, ex director del hospital, y los administradores cesantes Cristian Rodríguez y Yorcinio Muñóz, principalmente.

1000_1374764047SANTO DOMINGO, República Dominicana,- Ingenieros contratistas del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, de Santiago,  recibieron 56 millones de pesos sin contratos ni  cubicaciones, según revela una auditoria de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) de 2011.
En la remodelación de la planta física del hospital se invirtieron 56 millones de pesos, de los cuales 49. 3 millones se pagaron sin recibir, de parte de los contratistas, las cubicaciones que avalen los desembolsos.
En la investigación a los documentos contables, los  auditores no encontraron contratos entre la entidad y los ingenieros para la ejecución de las obras de remozamiento.
El informe  asegura que las autoridades del centro médico empezaron estas obras  obviando los procedimientos de las normativas legales, lo cual impidió confirmar si los precios pagados fueron los mejores para la institución.
Además, las obras fueron adjudicadas grado a grado y no se presentaron planos de las áreas intervenidas, según ha revelado el órgano de fiscalización y control público.
El hospital no cuenta con un Comité de Licitaciones que analice y evalúe las propuestas de los proveedores de servicios, en este caso a las compañías contratadas para la ejecución de los trabajos de ampliación de su planta física.
El documento oficial subraya, además, que la entidad no incluyó en los gastos generales de los presupuestos, la partida correspondiente al Colegio Dominicano de Ingeniero, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) por concepto del 1 x 1000, en violación al decreto 319-98 que estable el pago de una tasa profesional para esa  institución.
Dice la Cámara de Cuentas que el 5% por concepto de supervisión de las obras fue pagado a las mismas compañías contracturas, cuando debió contratarse una firma de técnicos independientes como medida de control y vigilancia de los trabajos.
Además, cuestiona que las autoridades del hospital no tomaran  como referencia para la remodelación y ampliación de su planta física los planos originales del edificio, ni autorizara la elaboración de nuevos.
El órgano de control externo recuerda y aclara a la administración del hospital, que el Manual de Requisito de la Contraloría General de la República (CGR) establece que las Normas Generales de Administración y Control de proyectos requiere que todo proyecto con una trayectoria considerada normal en los niveles de planificación, adjudicación, ejecución, terminación y entrega, debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos:
1- Estudio de factibilidad
2-confecciòn de los estudios técnicos, incluido estudio de impacto ambiental para los proyectos que lo requieran.
3- confección del conjunto de planos y especificaciones técnicas
4- Planificación del proyecto.
El informe de la Cámara de Cuentas asegura que  la administración del hospital no tomó en cuenta ningunas de estas normativas, poniendo en riesgo el monto de la inversión y la propia seguridad de la plata física del referido centro de salud.
Las compañías contratista  beneficiadas con las obras fueron Aquemar, representada por el ingeniero Marcos López,  la cual ejecutó obras por el monto de RD$ 36 millones 795 mil pesos, y Compisa a través del ingeniero José Ml. Peralta, que realizó trabajos por la suma de  RD$ 4, 275 mil pesos.
Además, el ingeniero independiente Lenny Lulo Castellano remodeló varias áreas del hospital por la suma de 8.1 millón de pesos.
Los auditores no encontraron documentos que demuestren que hubo un proceso de licitación pública para o sorteo para  asignar las obras millonarias.
El  informe atribuye responsabilidades legales y administrativas contra  Nelson Báez Noyer, ex director del hospital, y los administradores cesantes Cristian  Rodríguez y Yorcinio  Muñóz, principalmente.
En su investigación a la ejecución presupuestaria de las obras, los auditores no pudieron confirmar si los montos invertidos se corresponden con los trabajos realizados.

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